“Busco una familia cariñosa para mi bebé”, publicó Luz Choque Quino en Internet desde Cochabamba, su ciudad. La joven que ahora tiene 22 años había vivido un tiempo, allá por 2007, en Buenos Aires, donde trabajó en un taller de costura. Volvió a Bolivia presionada por uno de sus hermanos, que no aprobaba su noviazgo con Alfredo. Un tiempo después, ella se escapó para reencontrarse con su enamorado. Pero la presión familiar la hizo regresar de nuevo a su país, sin siquiera despedirse del hombre del que en esos tres meses había quedado embarazada. En realidad, ella todavía no lo sabía. Cuando se enteró, lo llamó por teléfono para avisarle, pero sólo escuchó reproches y descrédito. Desesperada porque el padre de su hijo no quería hacerse cargo, Luz puso el aviso en Internet para ofrecer al niño. Se contactó con una supuesta familia y viajó a Rosario embarazada de siete meses, el año pasado, para entregar a su hijo. No se encontró exactamente con la familia que iba a “adoptarlo”, sino con una abogada, Sandra de Miguel, intermediaria en la transacción. Luz asegura que no vendió a su bebé. Apenas le dieron algo de dinero para que vuelva a su país, luego del nacimiento. La profesional le pidió su documento –mientras ella transitaba el final del embarazo– y cambió su domicilio por uno falso.
Luz vivió dos meses en un hostel y en la madrugada del 30 de mayo, cuando los dolores de parto eran fuertes, fue al hospital Centenario. A las 10 de la mañana nació su bebé, Lucio. “Cuando lo vi tan chiquitito, me dije que era mío y no se lo iba a dar a nadie. Que era mi otro yo”, cuenta. Con cierta ingenuidad, fue a decirle a la abogada que se había arrepentido, pero recibió insultos y frases despectivas. De Miguel le aseguró que tendría otra instancia, en las audiencias de conciliación, para quedarse con su hijo, pero que iba a cambiar de idea. Bajo presión, Luz cedió al niño, con la esperanza de recuperarlo en la primera audiencia. No sabía que las citaciones del Tribunal Colegiado de Familia llegarían a un domicilio falso, y ella jamás podría enterarse. Le llevó ocho meses de transitar por Tribunales y batallar hasta llegar al Consulado de Bolivia. Pero recuperó a su hijo. Ahora, está feliz, aunque sigue muy conmovida.
El trámite conocido como “adopción directa” esconde la mayoría de las veces el tráfico de bebés. La singularidad de la historia de Luz, sobre todo por los recursos que pudo poner en juego para reencontrarse con su hijo, pone el foco en la intermediaria. Una como tantos que reciben dinero para ir a buscar bebés al Chaco, Corrientes, Misiones o Formosa. Se calcula que de cada una de esas provincias salen tres niños por semana, con destino a familias “adoptantes”, que en realidad los compraron, en forma directa o encubierta, bajo el disfraz de gastos de parto.
Según los datos de la Fundación Adoptar, que investiga el tráfico de bebés, sólo el 25 por ciento de las adopciones se realiza en la Argentina a partir del accionar del Estado frente a niños vulnerables. En cambio, el 75 por ciento nace de un acuerdo entre particulares. La adopción –por darle una identificación general– en la Argentina encierra tal complejidad que es todo un desafío abordarlo en una nota. Tráfico de niños, adopción directa, demoras interminables en los registros oficiales para hacer el trámite, las ilusiones de las parejas deseosas de tener un hijo, tejen una trama en la que muchas veces se olvida que la adopción es un proceso destinado a garantizar el derecho del niño o la niña a tener una familia.
LOS BEBES TRAFICADOS
El intercambio de niños como si fueran mercancías se realiza en la ilegalidad, aunque intervenga un juez que legitima esa transacción. “Nosotros somos los bebés traficados”, afirma a modo de presentación Graciela Palma, de la Asociación Quiénes Somos. Lo primero que puntualiza es que los bebés obtenidos en trámite irregular no son adoptados sino “apropiados”. Ella todavía no sabe si nació en 1961 o en 1963, y hace poco tiempo descubrió que no había llegado al mundo en Capital Federal, sino en La Plata. “Nosotros reclamamos que se realicen campañas para que las parejas que quieran adoptar un niño sepan las diferencias. Porque tomar un niño fuera del marco legal es apropiarse”, indica Palma, quien pidió que cualquier pareja –antes de ir a “buscar” un chico– piense “que ese procedimiento, además de ser un delito, es un daño irreparable para el niño, porque es sustraerle la identidad”. Y no sólo en los casos en que son anotados como hijos propios, donde se pierde cualquier manera de indagar sobre el origen. “Tenemos muchos casos de adopciones en juzgados, que cuando las personas buscan su historia y empiezan a indagar llegan a la conclusión de que la madre biológica no había sido informada como corresponde”, cuenta. De hecho, sabe que en la mayoría de los juzgados “hay gente que consulta por adopción y después no vuelve, porque de inmediato alguien se comunica con ellos para ofrecerles un bebé”. Es decir que alguien da el “dato” desde adentro del juzgado.
Graciela no se cansa de subrayar lo dolorosa que es para los hijos apropiados la duda sobre el origen. “Nosotros lo sabemos, en algún momento salta, porque sentimos que no encajamos en esa familia, más allá del afecto que podamos recibir”, subraya. En su propia historia hay algo elocuente. Apenas terminó la secundaria decidió estudiar traductorado de ruso, una elección que sorprendió a todos sus allegados. Ella le dio un sentido cuando supo que su mamá era rusapolaca. “Era algo muy mío, que lo sentía en mi interior”, afirma.
EL OBJETO DE DESEO
“Conseguir un bebé” es tanto un eufemismo como una práctica muy extendida. Según la misma Fundación Adoptar, todas las familias conocen al menos un niño adoptado en estas condiciones. Las organizaciones que trabajan en adopción son claras en esto: desalientan la adopción directa, pero subrayan las dificultades del actual sistema.
La Fundación Adoptar indica que en 2008 había 3600 parejas anotadas en el Registro de Adopción en la Capital Federal y 5500 en la provincia de Buenos Aires. Pero en tres años sólo se otorgaron 225 guardas preadoptivas. La ex presidenta del Consejo del Menor y la Familia de la Capital Federal María Elena Naddeo afirmó que el Registro Unico de Adoptantes es “un sistema que está en proceso de organización, el cual no se ha podido conformar. Por lo tanto, aparece como algo inútil. La mayor cantidad de irregularidades provienen de las provincias del norte argentino, que no han adherido al registro”. Y también subraya que la “adopción directa está prohibida por la ley de adopción de 1997. Los jueces en las provincias otorgan la guarda con fines adoptivos a personas que se anotan en los registros. Allí funcionan los intermediarios y otros mecanismos. Pero la ley prohíbe que se entregue fuera del sistema judicial. Quizás haya un vacío legal”.
Entre la desesperación de las personas que desean fervientemente un hijo y la equivalente desesperación de mujeres con un embarazo no deseado, inconcebible, se teje la trama que incluye tráfico, intermediación y un sistema de poder que ubica a ese niño o niña como una cosa. Desde la asociación Nuestra Búsqueda, Miriam Martilotta afirma: “Sabemos que la adopción es muy complicada, por el tiempo que pasa hasta que los jueces consideran que un niño está en estado de adaptabilidad. Pero acortar los tiempos implica avasallar los derechos de los niños, tratarlos como mercancía. Más allá de que la persona pueda estar desesperada, si procura un niño de esa manera hay algo que falla en su deseo de ser padres”. Con su pareja, tuvieron la posibilidad de recibir, por esa vía, a mellizos, pero el juez de la provincia de Buenos Aires les dijo que los iba a institucionalizar, y dárselos a la primera pareja del Registro. Para ella, “el grave problema es la cantidad de niños que están mucho tiempo institucionalizados, y cuando los jueces los declaran adoptables son muy grandes; gran parte de la gente no los va a adoptar. Hay mucha gente que sólo quiere un bebé”.
UNA RED EN EL NORTE
Carina, una docente de 38 años, se anotó hace seis años en los Tribunales rosarinos para recibir en adopción a un niño o niña de hasta cinco años. Llegó al registro después de infructuosos tratamientos para quedar embarazada desde que se casó, hace diez años. Nunca había pensado en irse al norte a buscar a un bebé, hasta que una colega le comentó su experiencia. Hace tres años, la contactó con un médico de Misiones, al que giró dinero para que comience la búsqueda. Pero el profesional jamás la llamó. En febrero, la misma compañera de trabajo la llamó para contarle que había una joven, Andrea Roldán, dispuesta a entregar su hijo. “Yo la llamé y le dije que lo hacía si era todo legal. Un día me mandó un mensaje de texto diciéndome que me decidiera, que había otras familias interesadas en comprar el bebé. Yo le contesté que era terrible y escalofriante hablar así del niño, y que si no era todo legal, ni siquiera viajaba para el parto. Finalmente, acordamos que fuera el 17 de marzo. Allí partí, hacia Monte Quemado, en Santiago del Estero, un lugar de una pobreza extrema”, contó la rosarina que hizo todo ese periplo de 1000 kilómetros, y cuando llegó allá se encontró con la mujer embarazada.
La pareja que había ido en busca del niño había llevado dos bolsas llenas de ropa y otros elementos para el bebé. La chica le pidió mil pesos para los gastos de parto, y dijo que iba a la única clínica particular del pueblo, sin aceptar que la acompañaran. Luego, ellos averiguarían que nunca estuvo ahí. A la madrugada, la supuesta Andrea Roldán mandó un mensaje de texto diciendo que habían tenido que trasladarla a Roque Sáenz Peña, en Chaco, a 300 kilómetros. Pero ellos ya sospechaban que no había ninguna intención de entregar al bebé y decidieron volver a Rosario. La historia no termina allí, porque una cuñada de Carina le envió un mensaje a la misma joven, sin identificarse, manifestando interés en el bebé. Recibió como respuesta que el niño nacería un mes después de la fecha inicial, el 17 de abril, y con un precio: 6000 pesos. Concertaron encontrarse en Córdoba, donde la mujer había dado aviso a la policía. Allí se presentó otra chica, que también llevaba el nombre de Andrea Roldán y un número de documento. Según se investigó después, todas las embarazadas tenían el mismo nombre y DNI. Ese nombre pertenece en realidad a una mujer de 58 años, de Formosa, que está a la cabeza de la organización ilegal. Para Carina, las chicas que son utilizadas en esa red son “víctimas hasta un cierto punto, porque no tienen límites”.
LA INDIGENCIA COMO COERCION
También Carmen Sicardi, trabajadora social de la Fundación Anidar, recordó que “la ley contempla la entrega directa para situaciones excepcionales, únicas y muy particulares. El tema es que en realidad en la actualidad lo que ocurre es que hay muchísimas organizaciones que hacen un negocio”. Para ella, es importante recordar que “una mamá, por más que esté convencida de entregar a su hijo en adopción, tiene cierta cantidad de plazo para arrepentirse, y debe ser ayudada siempre para preservar a su bebé. Ella o alguien de la familia biológica, si quiere hacerse cargo bien del niño”. Anidar también desalienta las adopciones directas “porque se juega con la mamá embarazada en situación de conflicto”. Sicardi subraya que “hay un maltrato a la mujer embarazada que quiere o piensa dar en adopción a su hijo, también de parte de la sociedad que dice que ‘ni los perros abandonan a sus crías’. No se comprende que la entrega legal y transparente es un acto de amor y valentía de esa mujer”.
Por su parte, la representante de la Fundación en Buenos Aires, la psicóloga María Adela Mondelli, puntualiza que la decisión de dar un hijo en adopción es privativa de la madre. “En la misma línea de la anticoncepción y la despenalización del aborto, las mujeres tenemos derecho a no criar al producto de nuestro embarazo”, indica. Pero aclara que las mujeres deben estar en condiciones dignas para decidirlo. En ese sentido, un video de la Fundación indica que “la indigencia es un modo de la coerción para la entrega de los hijos”. Por eso, al Estado no sólo le exige que intervenga para desbaratar las redes de tráfico, sino sobre todo para cambiar las condiciones de vida de muchas mujeres que son despojadas también de su posibilidad de maternar. “Nosotros tenemos un compañero en Añatuya, un pueblo muy castigado por el tráfico de niños. El siempre dice que hay que hacer algo más, no sólo alcanza con denunciar el tráfico, porque qué van a hacer las mujeres con estos niños”. Incluso, el video indica con toda contundencia: “Que las madres de nacimiento no reciban dinero en las transacciones que se hacen con sus hijos les garantiza a los intermediarios que podrán también vender al próximo niño que nazca de esa mujer. Ella, sin recursos, no tendrá más remedio que otro embarazo no deseado, y otro niño que no podrá mantener”.
El tráfico de bebés, que todavía no es un delito federal, y su naturalización se basan en un imaginario social que la Fundación Adoptar considera “mesiánico”. Uno de los videos que pueden consultarse en www.adoptar.org.ar indica que los factores para propiciar que una mujer entregue un hijo no son sólo económicos, sino también personales, políticos y “mesiánicos, como es presuponer que algún niño pueda estar mejor con otra persona que con su familia sólo por factores económicos”.
Esta idea de que el niño “estará mejor” lejos de su familia, porque tendrá más recursos económicos, talla fuerte en la clase media para justificar una apropiación como un acto de amor. Pero el factor determinante es lo que la Fundación Adoptar denuncia como “el retiro del Estado de la regulación de la circulación de niños, que se hizo para que entre otra cosa. No es ingenuo. Lo que ha entrado aquí es el tráfico, la trata y el tráfico de niños”. Es la misma fundación, dirigida por Julio César Ruiz, que denunció el tráfico de niños en Añatuya, y a monseñor Antonio Baseotto, ex obispo castrense y antes titular de esa diócesis.
TACTICAS Y ESTRATEGIAS
En un video de la fundación se puede ver a María Roberta Gerez, una humilde mujer de ese pueblo santiagueño, que entregó su primer hijo cuando era adolescente. Ella dice con sencillez: “Dando a los chicos, se hace la casa uno”. Así, con la participación activa del obispado de Añatuya, se levantó todo un barrio. Las mujeres recibían una pared por cada hijo entregado. La imagen de despreocupación de esas mujeres, que circula en algunos sectores de la sociedad, se desmiente cuando María Roberta se refiere a aquel bebé. “Me gustaría volverla a ver. Mi hija cumplió 18 años el 15 de marzo”, dice.
Esas mujeres pobres, según un discurso instalado en la sociedad, “no pueden criar a sus hijos” por el solo hecho de serlo. En los numerosos foros de Internet sobre “adopción” se puede observar la desconfianza y el desprecio predominantes hacia las mujeres que darán sus hijos. Para las madres de nacimiento, es natural. “Ninguna de las mujeres que testimoniaron reconoce la coerción de la que es objeto ni habla del rol de los varones ausentes en esta historia. Ellas asumen su vulnerabilidad de embarazarse y parir sin alternativa. En la feminización de la pobreza, sólo queda el propio cuerpo y sus productos como estrategia de supervivencia”, indicó Mondelli en una ponencia sobre “Las mujeres de Añatuya”, presentada en un Congreso sobre Infancia y Familias, en Barcelona, en 2006.
A estas mujeres, que están en el margen, el embarazo las pone en situación de ofrecer algo que muchos otros quieren. “Cuando quienes encaran estos procesos en un estado de desesperación, de vulnerabilidad, se arrepienten en el camino, el aspirante a adoptar que puso su esperanza en esto siente que está siendo estafado. Ahí es donde está el problema cultural, pensándolo a partir de las estructuras de poder”, indicó Mondelli, quien consideró que “ambos juegan con las estructuras del poder. La persona que tiene un niño que sabe que otro lo quiere, y pone en movimiento todo un mecanismo complejo, como ofrecer un niño en Internet y viajar desde Bolivia a Rosario para entregarlo. Esto es un sistema de poder, en el cual las clases más vulneradas terminan quedando entrampadas en este mismo juego”.
También es cierto que no se trata sólo de una situación de pobreza. Sólo que allí es más visible, porque no tiene la protección que brindan los recursos simbólicos y económicos a la mano de la clase media. “Nosotros recibimos todas las semanas mujeres que quieren dar a sus hijos, y gran cantidad de adoptados que buscan su origen. La gran mayoría no son de clases bajas. Pero la circulación de niños en las clases medias y altas está invisibilizada. Sabemos de los hijos de las nenas bien que desaparecen de la historia familiar. Los de clase baja son los que se ven, los que están institucionalizados. Los de clase media y alta son los que terminan inscriptos”, puntualiza la psicóloga de la Fundación Adoptar.
Pero si la oferta de un niño llega desde una madre pobre, si la posibilidad de adopción aparece en las provincias del norte del país, a la mujer no se le reconoce el derecho a decidir si quiere o no criarlo. Y si se arrepiente, habrá estafado a esa pareja que “esperó tanto por el niño”. Para Mondelli, lo que talla en ese sentimiento de estafa de los “adoptantes” cuando una mujer se arrepiente de dar a su niño es la idea de que no tiene derecho a hacerlo. “Por eso, la defraudación que siente el aspirante a adoptar. Porque además hay inversión previa. Este es el ‘drama’ del intermediario, en general un profesional, que hizo una promesa sobre lo que no se puede prometer”, apunta.
EL CAMINO DE REGRESO
Para la Fundación Adoptar, “nadie, ni siquiera la mujer misma, puede predecir si decidirá o no maternar. Esa promesa nadie puede darla”, dice el mentado video. Allí está el temor del intermediario, y las
“precauciones”, como utilizar domicilios falsos. Eso sintió Luz, la chica del principio de esta nota, en la noche del 1º de junio de 2008, cuando llegó al estudio de la abogada De Miguel con la esperanza de que fuera comprensiva. “Yo creí que ella iba a ser buena y me iba a entender que ya no quería darlo. Pero no fue así. Me empezó a humillar”, dice mientras llora. Y recuerda las palabras de la abogada. “Esta chica no puede hacerme esto”, le decía a su secretaria. Y a Luz la increpaba: “Vos dijiste que sí. No vas a salir de acá sin firmar. Y me lo vas a agradecer toda la vida”. Luz supo que no iba a ser fácil, se sintió perdida. “Me denigró totalmente. Ahí fue que me largué a llorar”, sigue contando. A pocas horas de parir, y bajo esa presión, Luz firmó la guarda preadoptiva, pero no sabía que la ley estipula que la madre tiene un año para arrepentirse. Luego se ilusionó con las audiencias posteriores en los Tribunales, pero el juez hizo las citaciones en una dirección inexistente.
Durante su extenso relato, en el que cuenta la gran cantidad de peripecias que pasó para recuperar a su niño, entre ellas largas esperas en los Tribunales de Rosario, Luz se defiende de la sanción moral que da por supuesta. “Yo lo único que quería era darle protección a mi hijo, que no sufra”, afirma como disculpa. Luz pudo enfrentar a todo un sistema judicial, con mucho esfuerzo. Primero, se volvió a contactar con el padre de su hijo, para que la ayude. Y con ese aval, volvió a Rosario. Anduvo por los pasillos de Tribunales sin recibir respuesta. Hizo la denuncia en la Fiscalía Nº1 y comenzaron a intervenir defensores de ella y el niño. Tras varios intentos de la defensora María del Carmen Sym, el juez Darío Cúneo citó a una audiencia para diciembre de 2008. La escuchó decir que estaba arrepentida de haber entregado a su bebé y relatar la coerción que había sufrido. Sin embargo, el 12 de diciembre confirmó la “guarda con fines de adopción” para la familia que había recibido el niño. Luz sintió claramente la discriminación. “El juez dejaba pasar el tiempo. Estuve ocho meses para recuperar a mi bebé”, se lamenta. Todo se resolvió cuando su historia se hizo pública. Pero el juez no determinó –como correspondía– el derecho del niño a volver con su madre de nacimiento. Fue la propia familia adoptante que, a partir de la presión de los medios de comunicación, decidió devolverlo.
La historia de Luz llegó a otro final por los recursos que la joven puso en marcha. Su madre de Bolivia y el padre del niño la ayudaron en los trámites judiciales. Ella fue incansable para recurrir a cuanta instancia pudiera, también al Consulado de Bolivia en Rosario, que le ofreció los servicios del abogado Cecilio Lezcano. Pero cuántas mujeres no saben cómo hacerlo. “De la gran mayoría, no sabemos si se arrepiente o no. Hay pocos estudios, y ninguno en la Argentina. Hay uno hecho en Brasil por Claudia Fonseca y ella plantea una cosa con la que nosotros también nos encontramos, que las mujeres siguen llamando a esos niños ‘mi hijo’ durante años”, indica Mondelli.
